Respuesta directa: La Ley 21.719 clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas (artículo 34). Las multas van desde amonestación escrita hasta 20.000 UTM por infracción gravísima. En caso de reincidencia, la multa puede triplicarse o alcanzar el 4% de los ingresos anuales de la empresa. La Agencia de Protección de Datos Personales aplica estas sanciones a partir del 1 de diciembre de 2026, cuando la ley entra en plena vigencia.
Cuando los directivos me preguntan si vale la pena invertir tiempo y recursos en cumplir la Ley 21.719, les doy siempre la misma respuesta: analicemos el costo de no hacerlo. El régimen sancionatorio de esta ley no es cosmético. Hay multas con topes concretos, una autoridad con poder real de fiscalización, un registro público de infractores y, en los casos más graves, la posibilidad de suspender las operaciones de la empresa. Este artículo lo desglosa todo, artículo por artículo.
El régimen general de responsabilidad: quién responde y por qué
Bajo la Ley 21.719, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que infrinja los principios del artículo 3° o los derechos y obligaciones establecidos en la ley, responde sancionatoriamente ante la Agencia de Protección de Datos Personales. Así lo establece el artículo 33, que fija el régimen general de responsabilidad.
Un punto crítico que suele pasarse por alto: la responsabilidad administrativa por infracción a la Ley 21.719 es independiente de las responsabilidades civiles y penales que puedan corresponder por los mismos hechos. Una vulneración de seguridad mal gestionada, por ejemplo, puede derivar simultáneamente en una multa de la Agencia, una demanda de indemnización de los titulares afectados y, dependiendo de las circunstancias, responsabilidades penales para las personas naturales involucradas.
Las tres categorías de infracciones y sus montos
La Ley 21.719 clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas según su gravedad (artículo 34), y el artículo 35 establece los montos máximos de las multas para cada categoría.
Categoría | Artículo | Sanción base | Sanción con reincidencia (empresas grandes) |
|---|---|---|---|
Leve | Arts. 34 bis y 35 letra a) | Amonestación escrita o multa hasta 5.000 UTM | Hasta 15.000 UTM |
Grave | Arts. 34 ter y 35 letra b) | Multa hasta 10.000 UTM | Hasta 30.000 UTM o 2% ingresos anuales |
Gravísima | Arts. 34 quáter y 35 letra c) | Multa hasta 20.000 UTM | Hasta 60.000 UTM o 4% ingresos anuales |
Para empresas que no sean de menor tamaño según la Ley 20.416 y que reincidan en infracciones graves o gravísimas, la multa puede alcanzar la más gravosa entre tres veces el monto base o el 2% o 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios del último año calendario, según se trate de infracciones graves o gravísimas respectivamente.
Si la empresa no subsana la conducta infractora en el plazo de 60 días que fija la Agencia, se impone un recargo del 50% sobre la multa cursada.
Qué conductas son infracciones leves
Las infracciones leves, reguladas en el artículo 34 bis, corresponden principalmente a incumplimientos formales o de transparencia que no implican daño directo a los derechos de los titulares. Se sancionan con amonestación escrita o multa de hasta 5.000 UTM.
Entre las conductas que la ley califica como leves se encuentran: incumplir total o parcialmente el deber de información y transparencia establecido en el artículo 14 ter; carecer de un domicilio postal, correo electrónico o medio electrónico operativo para que los titulares puedan comunicarse con el responsable; omitir la respuesta o responder fuera de plazo las solicitudes de ejercicio de derechos; omitir el envío a la Agencia de las comunicaciones obligatorias previstas en la ley; e incumplir instrucciones generales de la Agencia en casos no calificados como graves o gravísimos.
No es correcto asumir que una infracción leve es irrelevante. La amonestación queda registrada públicamente, activa la reincidencia y puede escalar si no se corrige dentro del plazo que fija la Agencia.
Qué conductas son infracciones graves
Las infracciones graves, reguladas en el artículo 34 ter, corresponden a vulneraciones sustanciales de los principios y derechos establecidos en la ley. Se sancionan con multa de hasta 10.000 UTM.
Conducta infractora grave | Artículo base |
|---|---|
Tratar datos sin consentimiento ni base de licitud válida, o con finalidad distinta a la declarada | Art. 34 ter letra a) |
Comunicar o ceder datos sin autorización o para un fin distinto del autorizado | Art. 34 ter letra b) |
Tratar datos innecesarios, vulnerando el principio de proporcionalidad | Art. 34 ter letra c) |
Tratar datos inexactos, incompletos o desactualizados | Art. 34 ter letra d) |
Impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCOPB del titular | Art. 34 ter letra e) |
Realizar tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes con infracción a la ley | Art. 34 ter letra g) |
Vulnerar las obligaciones de seguridad del artículo 14 quinquies | Art. 34 ter letra j) |
Omitir las comunicaciones de vulneraciones de seguridad previstas en el artículo 14 sexies | Art. 34 ter letra k) |
La mayoría de las situaciones que generan mayor preocupación en los equipos de compliance de empresas chilenas caen en esta categoría: bases de datos de clientes sin consentimiento válido, proveedores que usan datos para sus propios fines, formularios que recopilan más información de la necesaria, o ausencia de respuesta a solicitudes de titulares.
Qué conductas son infracciones gravísimas
Las infracciones gravísimas, reguladas en el artículo 34 quáter, corresponden a conductas dolosas o que comprometen de manera severa los derechos de los titulares. Se sancionan con multa de hasta 20.000 UTM y pueden dar lugar además a la suspensión de operaciones.
Entre las conductas gravísimas destacan: efectuar tratamiento de datos en forma fraudulenta; destinar maliciosamente los datos a una finalidad distinta de la consentida; tratar, comunicar o ceder a sabiendas datos sensibles o datos de niños, niñas y adolescentes en contravención a la ley; vulnerar el deber de secreto sobre datos sensibles o datos relativos a infracciones penales; omitir deliberadamente la notificación de vulneraciones de seguridad a la Agencia; e incumplir una resolución de la Agencia que resuelva el ejercicio de derechos ARCOPB de un titular.
La palabra clave en varias de estas conductas es «a sabiendas» o «maliciosamente». La ley distingue entre el error de gestión, que puede ser grave, y la conducta dolosa, que es gravísima. Esa distinción importa tanto para la calificación como para la cuantía de la multa.
Sanciones accesorias: cuándo pueden suspender las operaciones de su empresa
El artículo 38 de la Ley 21.719 establece una sanción accesoria que va más allá de la multa económica: la suspensión de las operaciones de tratamiento de datos. Esta sanción procede cuando se imponen multas por infracciones gravísimas reiteradas dentro de un período de 24 meses.
La suspensión puede ser parcial o total, dura hasta 30 días en primera instancia, y puede prorrogarse indefinidamente por períodos sucesivos de hasta 30 días si el responsable no cumple con lo ordenado por la Agencia. La norma aclara que la suspensión no puede decretarse cuando afecte los derechos de los titulares, lo que indica que la protección del titular opera como límite incluso a esta sanción extrema.
Para empresas cuyos modelos de negocio dependen del tratamiento de datos, como plataformas digitales, empresas de marketing, fintechs o compañías de seguros, la suspensión es el escenario de mayor impacto. Una semana sin operar sus sistemas de tratamiento de datos puede significar pérdidas operacionales muy superiores al monto de cualquier multa.
Atenuantes y agravantes: cómo el comportamiento de la empresa modifica la sanción
El artículo 36 de la Ley 21.719 establece circunstancias que la Agencia debe considerar para determinar la sanción final, tanto para reducirla como para incrementarla.
Las circunstancias atenuantes son: las acciones unilaterales de reparación realizadas por el responsable y los acuerdos con los titulares afectados; la colaboración activa con la investigación de la Agencia; la ausencia de sanciones previas; la autodenuncia ante la Agencia, junto con la comunicación de las medidas de cese o mitigación adoptadas; y haber cumplido diligentemente los deberes de dirección y supervisión, lo que se acredita con el certificado del modelo de prevención de infracciones del artículo 51.
Las circunstancias agravantes son: la reincidencia (haber sido sancionado dos o más veces en los últimos 30 meses); el carácter continuado de la infracción; y haber puesto en riesgo la seguridad de los derechos y libertades de los titulares.
Este diseño legal tiene una implicancia estratégica concreta: la empresa que construye su programa de cumplimiento antes del 1 de diciembre de 2026 no solo reduce su exposición a infracciones, sino que también mejora su posición negociadora en caso de que la Agencia inicie un procedimiento sancionatorio.
El Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento: la dimensión reputacional
El artículo 39 de la Ley 21.719 crea el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento, un registro público, gratuito y electrónico administrado por la Agencia de Protección de Datos Personales.
En este registro constan los responsables sancionados, la conducta infraccionada, las circunstancias atenuantes y agravantes y la sanción impuesta. Las anotaciones son públicas durante 5 años desde su registro. También se consignan los responsables que adopten modelos certificados de prevención de infracciones con vigencia activa.
La dimensión reputacional de este registro no debe subestimarse. En procesos de due diligence, licitaciones públicas, negociaciones con inversionistas o selección de proveedores, aparecer en el Registro Nacional de Sanciones puede ser un factor determinante. La ley diseña explícitamente este mecanismo para que el cumplimiento sea visible y el incumplimiento también lo sea.
Sanciones para organismos públicos: un régimen diferenciado
El artículo 44 de la Ley 21.719 establece un régimen sancionatorio especial para los organismos públicos, donde la sanción no recae sobre una entidad económica sino sobre el jefe superior del servicio a título personal.
Las infracciones de organismos públicos se sancionan con multa del 20% al 50% de la remuneración mensual del jefe superior del órgano infractor. Si el organismo persiste en la infracción, se aplica el doble de la sanción original más suspensión en el cargo por cinco días. Tratándose de datos sensibles, la multa sube al 50% de la remuneración y procede la suspensión de hasta 30 días.
Adicionalmente, si en el procedimiento administrativo se determina que funcionarios individuales son responsables de infracciones gravísimas, el artículo 45 establece que esa conducta se considera una contravención grave a la probidad administrativa, con las consecuencias que ello implica en el estatuto administrativo.
Cómo CumpliAI ayuda a reducir la exposición sancionatoria de su empresa
El régimen de sanciones de la Ley 21.719 premia explícitamente a las organizaciones que construyen su cumplimiento antes de que ocurra una infracción. El modelo certificado de prevención de infracciones, la autodenuncia, la colaboración con la Agencia y la ausencia de antecedentes previos son todos atenuantes que la ley reconoce expresamente.
CumpliAI es la plataforma SaaS chilena de TWGroup que permite a las organizaciones construir y documentar ese programa de cumplimiento de forma sistemática. Desde el mapeo de tratamientos y la verificación de bases de licitud, hasta la gestión de solicitudes ARCOPB y la generación de evidencia para procedimientos ante la Agencia, CumpliAI traduce las obligaciones de la Ley 21.719 en procesos operativos concretos.
El objetivo no es solo evitar la multa. Es estar en condiciones de demostrar, en cualquier momento, que su empresa opera conforme a la ley.
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¿Cuáles son las sanciones de la Ley 21.719 de protección de datos personales en Chile?
La Ley 21.719 establece tres categorías de sanciones según el artículo 35: infracciones leves se sancionan con amonestación escrita o multa de hasta 5.000 UTM; infracciones graves, con multa de hasta 10.000 UTM; e infracciones gravísimas, con multa de hasta 20.000 UTM. En caso de reincidencia, la multa puede triplicarse, y para empresas de mayor tamaño puede alcanzar el 2% o 4% de los ingresos anuales según se trate de infracciones graves o gravísimas, respectivamente. La Agencia de Protección de Datos Personales es la autoridad encargada de aplicarlas.
¿Qué se considera una infracción gravísima bajo la Ley 21.719?
El artículo 34 quáter establece como infracciones gravísimas: el tratamiento fraudulento de datos; el uso malicioso de datos para fines distintos a los consentidos; tratar, comunicar o ceder a sabiendas datos sensibles o de menores contraviniendo la ley; omitir deliberadamente la notificación de vulneraciones de seguridad; e incumplir una resolución de la Agencia que resuelva el ejercicio de derechos ARCOPB de un titular. Estas infracciones se sancionan con multa de hasta 20.000 UTM.
¿Qué se considera una infracción grave bajo la Ley 21.719?
El artículo 34 ter establece como infracciones graves, entre otras: tratar datos sin consentimiento ni base de licitud válida; comunicar o ceder datos sin autorización; obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCOPB del titular; realizar tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes con infracción a la ley; y vulnerar las obligaciones de seguridad del artículo 14 quinquies. Se sancionan con multa de hasta 10.000 UTM.
¿Puede la Agencia suspender las operaciones de una empresa por incumplir la Ley 21.719?
Sí. El artículo 38 establece que, cuando se impongan multas por infracciones gravísimas reiteradas en 24 meses, la Agencia puede disponer la suspensión de operaciones de tratamiento de datos por hasta 30 días. Esta sanción accesoria puede prorrogarse indefinidamente por períodos de hasta 30 días si el responsable no cumple con lo ordenado.
¿Qué circunstancias pueden reducir una sanción bajo la Ley 21.719?
El artículo 36 reconoce como atenuantes: las acciones de reparación hacia los titulares afectados; la colaboración con la investigación de la Agencia; la ausencia de sanciones previas; la autodenuncia comunicando las medidas de cese o mitigación; y contar con un modelo certificado de prevención de infracciones conforme al artículo 51. Son agravantes la reincidencia, el carácter continuado de la infracción y haber puesto en riesgo los derechos de los titulares.
¿Existe un Registro Nacional de Sanciones por infracciones a la Ley 21.719?
Sí. El artículo 39 crea el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento, administrado por la Agencia. Es público, gratuito y electrónico. Consigna los responsables sancionados, la conducta infraccionada, las circunstancias atenuantes y agravantes y la sanción impuesta. Las anotaciones son públicas por 5 años. También se consignan los responsables con modelos certificados de prevención vigentes.
¿Qué sanciones aplica la Ley 21.719 a los organismos públicos?
El artículo 44 establece que las infracciones de organismos públicos se sancionan con multa del 20% al 50% de la remuneración mensual del jefe superior del servicio. Si persiste la infracción, se aplica el doble de la sanción más suspensión en el cargo por cinco días. Tratándose de datos sensibles, la multa sube al 50% y procede suspensión de hasta 30 días.
¿Prescribe la responsabilidad por infracciones a la Ley 21.719?
El artículo 40 establece que las acciones para perseguir infracciones prescriben en 4 años desde la ocurrencia del hecho (o desde que la infracción continuada cesa). Las sanciones impuestas prescriben en 3 años desde que la resolución queda ejecutoriada. La prescripción se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento administrativo.
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